Historia General del Pueblo Dominicano Tomo III

Historia general del pueblo dominicano 147 terratenientes que se negaron consistentemente a entregar sus títulos al ré- gimen que deseaba saber cuáles tierras pertenecían al Estado y podían ser distribuidas entre los libertos. 9 En su empeño por proceder rápidamente, Boyer nombró una comisión para estudiar la situación. En octubre de 1822 esta comisión determinó que el Estado podía reclamar como suyas las propiedades que habían pertenecido DO H[WLQJXLGR *RELHUQR HVSDxRO ODV WLHUUDV \ HGLÀFLRV GH ORV DQWLJXRV FRQYHQ - tos y órdenes religiosas que habían abandonado la isla después de 1795, los bienes de franceses secuestrados a partir de 1809, los bienes de las personas que colaboraron con la recién fracasada invasión francesa, y los bienes de la Iglesia, particularmente las hipotecas, de cuyas rentas se mantenían el arzo- bispo y demás miembros del clero. 'H LQPHGLDWR ODV DXWRULGDGHV KDLWLDQDV SURFHGLHURQ D FRQÀVFDU HVWDV propiedades para dárselas a los libertos o vendérselas a bajos precios a los PLOLWDUHV RÀFLDOHV \ IXQFLRQDULRV KDLWLDQRV TXH WDPELpQ VROLFLWDEDQ WLHUUDV \ FDVDV HQ GRQGH DORMDUVH (VDV FRQÀVFDFLRQHV SURGXMHURQ XQ SURIXQGR PDOHVWDU entre los propietarios españoles y criollos de Santo Domingo y tuvieron que ser suspendidas de inmediato. Muchas de esas propiedades se encontraban en posesión de particulares desde hacía más de veinte años y su usufructo estaba sancionado por la costumbre. En enero de 1823, Boyer tuvo que nombrar otra comisión para estudiar nuevamente la cuestión de los títulos de propiedad. En febrero, Boyer dio un plazo de cuatro meses a los habitantes de la Parte Española que habían HPLJUDGR SDUD TXH VH UHLQWHJUDUDQ DO SDtV EDMR SHQD GH YHU FRQÀVFDGDV VXV propiedades. Como muy pocos regresaron, las autoridades haitianas trata- ron entonces de reclamar las tierras de los emigrados para hacerlas pasar al Estado. Esto produjo también un gran disgusto entre los ocupantes de esas propiedades que, en no pocos casos, eran parientes y familiares de los ausen- tes, pero que al no poseer títulos no podían ser considerados propietarios de acuerdo con las leyes haitianas. Las conspiraciones no tardaron en producirse. El arzobispo de Santo Domingo las alentaba en reacción a la nacionalización de propiedades ecle- siásticas y a la decisión gubernamental del 5 de enero de 1823 que suspendió el pago de los sueldos que el clero debía recibir de manos del Estado. En el curso del año 1823 el Gobierno haitiano descubrió por lo menos tres conspiraciones y tuvo que sofocar un motín contra las tropas haitianas. A mediados de febrero de 1824 volvieron a sucederse las reuniones para conspirar contra el Gobierno. Estas reuniones también fueron denunciadas y perseguidas. Varios de sus cabecillas lograron huir hacia Venezuela, pero